MARCHAR POR DIGNIDAD
David González Cantú

“Es un principio el que está en juego”.
Marat 


Nadie podría decir cómo empezó, quizá fue el último accidente que pasó en la mina, el viejo José, que tenía años trabajando en la mina, no pudo reponerse del golpe, quiso parar los vagones que salían, pero el tiro de mulas se desbocaron. Fue un golpe en la cabeza simple, sin haber sangrado siquiera, pero sin equipo no había protección, llegó inconsciente a su casa porque no había clínica ni equipo médico en Palau, no había un lugar a donde llevarlo y mejor que muriera en su cama.
   Ahí estaba el cuerpo cubierto de carbón tendido en un catre, sin camisa, con los viejos huaraches y el pantalón manchado de negro lo hacían parecer más viejo, su mujer asustada porque no sabía qué había pasado miraba a uno y otro de los compañeros pidiendo una explicación, nadie supo dársela, lo llevaron como si hubiera sido un día más de borrachera, inconsciente, como si al día siguiente fuera a levantarse y volver al trabajo. Pero esa misma noche murió. Les indignó que la empresa sólo pagara el rústico ataúd y una mísera indemnización de cien pesos. Valía más una mula, hasta trescientos pesos.
   La otra teoría es que de acuerdo al contrato colectivo de trabajo en vigencia, de junio de 1950 a julio de 1952, las ganancias adicionales que se obtuvieran por el incremento en los precios de los metales se repartirían en forma tripartita: una parte se destinaria a la elevación de los salarios de los trabajadores mineros, otra se aplicaría a los impuestos y la parte restante quedaría como ganancia de la empresa. La empresa se negó a pagar.
El incremento en los precios de los metales por la entrada de EU a la guerra de Corea, trajo como consecuencia la petición de aumento de salarios y el ajuste en otras prestaciones contractuales para los trabajadores mineros de conformidad con lo estipulado en el contrato colectivo de trabajo.
   La última tesis fue la convención VI de la Unión de Trabajadores Mineros, en mayo la dividieron, por su filiación a la Unión General de Obreros y Campesinos de los Estados de México (UGOCEM) por un lado, y por el otro una minoría impuesta por las autoridades de Secretaría del Trabajo y empresas, que fue a quien el gobierno se apresuró a reconocer y declararlo legal. Donde quedó por un lado Antonio García Moreno de la sección 67 y por otro, representando al gobierno y empresarios, Jesús Carrasco, que ni delegado fue en esa convención
   Primero fue la huelga de Palau y Cloete, se pedía revisión de contrato, pero ya se había firmado por Carrasco, la empresa Compañía Carbonífera de Múzquiz S.A. que se apresura a desconocer a los representantes del sindicato y dijo que la suspensión de labores colocó en una situación peligrosa a los trabajadores, ya que son víctimas de agitadores profesionales y comunistas. Cancela el contrato colectivo de mil quinientos trabajadores por participar en una Huelga Loca.
   El 16 de octubre, en Nueva Rosita, a las doce del día, inició la huelga en la empresa American Smelting and Refining (ASARCO) y Mexican Zinc Co. su filial, por la Sección 14 del Sindicato Industrial de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, la más importante del país ya que comprendía cinco mil trabajadores.
   El pliego petitorio era reconocimiento del comité ejecutivo independiente, respetar el contrato colectivo de trabajo y mejorar las condiciones laborales.
   La empresa tomó el control del silbato, la huelga se programó a las diez de la mañana, pero al no haber silbato se corrió a las doce. Nuevamente se desconoció a los trabajadores declarando una “huelga loca” y rescindiendo el contrato, pero con una variante el Ejército patrullaba constantemente la población y les impedía a los huelguistas reunirse; se suspendieron las garantías individuales, los ciudadanos eran detenidos por el Ejército en las calles y eran registrados e interrogados; patrullas federales armadas con ametralladoras recorrían en camiones las calles día y noche. Se apostaron en la azotea de la Presidencia Municipal y después en la escuela.
   Por orden de la Secretaría del Trabajo se congelaron los fondos de resistencia reunidos por los trabajadores. Los huelguistas fueron sustituidos por las empresas norteamericanas y los locales sindicales de los huelguistas fueron clausurados y ocupados por destacamentos militares armados. Se ordenó la clausura de su cooperativa de consumo y sus dos sucursales, en cuyos almacenes se guardaban comestibles y otros artículos por valor de casi dos millones de pesos, esto propiedad de los trabajadores, iniciando con ello la etapa más crítica para los huelguistas y los habitantes de la población.
   La situación en Nueva Rosita era cada vez más difícil ya que no se conseguían alimentos, se había suspendido la atención médica a los huelguistas ya que los médicos que prestaban sus servicios en la clínica recibieron la orden de no atender a los huelguistas ni a sus familiares, se habla de 27 niños que fallecieron en ese lapso. A los hijos de los huelguistas se les dio de baja de las escuelas en que estudiaban, la Cámara de Comercio de Nueva Rosita ordenó a los comerciantes del lugar que no les vendieran víveres a los huelguistas; se dieron órdenes expresas para que el agua, luz y otros servicios les fueran cortados a un gran número de huelguistas, sobre todo a los encargados de dirigir el movimiento. Se censuró la correspondencia de los mineros y los bancos locales se negaron a descontar documentos suscritos a su favor.
   La mano de obra escaseaba, la producción era insuficiente en la mina y la empresa empezaba a resentir pérdidas considerables. Entonces decidió comprar mineros, pero los mineros no estaban en venta.
   Surgió entonces el mercado negro de los mineros que consistía en pagar fuertes sumas a los que lograban convencer a un minero de que debía volver al trabajo. Pero las esposas de los huelguistas integraron la Alianza Femenil, y corrían a los esquiroles, se paraban frente a la entrada de la mina y conminaban a los pocos trabajadores que no lo habían hecho a sumarse a la huelga y daban ánimo a sus esposos y familiares.
En vista de que pasaba el tiempo y no se resolvía el conflicto después de tres meses, los mineros de Nueva Rosita y Cloete decidieron marchar en una gran caravana de protesta, a pie, hasta la Ciudad de México en demanda de justicia, siguiendo la línea Lombardista optaron por abrazar la estrategia legalista de hablar con el Presidente.
   El presidente del comité de huelga se hallaba en la Ciudad de México; al conocer la resolución de los mineros corrió a su encuentro para detener la caravana, al encontrarla en Sabinas, Coahuila en plena marcha, Consuelo Bonales, su mujer, se adelantó: “Pancho -le dijo- ¿vienes a dirigir la caravana o a regresarla? Si es esto último, aquí nos separamos, porque la caravana no se detiene y yo me voy con ella.” Solís tomó su puesto al frente de la caravana.
   La prensa se inclinaba por la empresa, decía: “Son un pequeño grupo de agitadores comunistas”, “Se trata de agraristas y campesinos pagados, que vienen cometiendo toda clase de tropelías, robando gallinas y escandalizando”. Luego se dijo que la caravana se había desintegrado. Que los líderes venían en lujosos automóviles y los mineros a pie. Que un grupo de pistoleros mantenía la caravana por medio del terror. Pero la enorme columna avanzaba por la carretera, imperturbable, silenciosa y digna.
   Era un pueblo en marcha. Al frente Pancho Solís y Ciro Falcony, los jefes de la caravana; una bandera nacional con la imagen de la Virgen de Guadalupe en lugar del escudo nacional, una enseña patria auténtica y el estandarte de la Sección 14 del STMMSRM que había bordado Gabriela Ramírez; detrás, la columna en correcta formación militar.
   Pancho Solís, que había sido clarín en el Ejército, los aleccionó para que la caravana se organizara en grupos de 56 personas: 50 soldados, un jefe y cinco ayudantes. Cada uno de estos grupos se dividía, a su vez, en otros de once personas: diez soldados y un jefe.
   La impedimenta era conducida en grandes camiones que habían prestado los agraristas de La Laguna, estos se adelantaban a la columna y establecían el campamento. Las mujeres, trasladadas en camionetas, preparaban los alimentos para todos. Al llegar al lugar escogido por el jefe de la comisión especial, Raymundo Rodríguez, cada grupo buscaba un lugar donde instalarse, se encendían fogatas y la gente se integraba al descanso, si esto les era posible, considerando el frío (10 grados bajo cero), las garrapatas, el pinolillo y los dolores de las heridas en los pies. A las 6 de la mañana el clarín de órdenes daba la orden de partir, un toque para prepararse y el segundo para marchar, cada jornada era de 25 kilómetros.
   En Saltillo, Coahuila, el 5 de febrero, se hizo un campamento en el campo de tiro, se organizó un gran mitin frente al Palacio de Gobierno. El acto duro tres horas. El Gobernador del Estado, el Lic. Raúl López Sánchez, a instancias de los masones, trató de forzar un arreglo con la empresa, se presentó el representante de la empresa, el gringo Sanford Simpson y exigió el reconocimiento de Carrasco, y la reinstalación de ochocientos mineros, las condiciones propuestas por ésta eran inaceptables. Se acordó seguir adelante. Todo el pueblo de Saltillo acogió con cariño a los mineros. Dijo el párroco, emocionado; “¡Si estos son comunistas, yo también lo soy!” Y luego bendijo la caravana. Lo que causó cierto escozor entre los grupos conservadores de la comunidad.
   Acamparon en Rinconada en su camino a Monterrey, en pleno monte y al amparo de la noche, el Senador por Nuevo León Juan Manuel Elizondo los exhortó a continuar.
   En Monterrey, Nuevo León, agentes provocadores trataron de distribuir botellas de tequila entre los caravaneros, para embriagarlos y orillarlos al desorden. La comisión de vigilancia frustró sus intenciones. El Gobernador Morones Prieto se interesó por los mineros: la caravana no sale de Nuevo León dijo, sin que se haya arreglado el asunto. Invitó a los gobernadores de Coahuila y Tamaulipas para que, unidos, hicieran gestiones con el presidente Miguel Alemán, pero todo fue inútil.
   La caravana llegó a Ciudad Victoria, Tamaulipas. Al llegar al ejido Cuauhtémoc, todos los niños de la escuela formados, con su maestra al frente, salieron. Ciro Falcony, con un nudo en la garganta, apenas si pudo dar las gracias cuando pusieron en sus manos los ahorros escolares: $17.50.
De todas las rancherías campesinos pobres salían de los jacales al encuentro de los caravaneros llevándoles comida, fruta o por lo menos una expresión de simpatía. Algunas mujeres que no tenían que ofrecer dieron a los mineros de la caravana lo único que les podían dar: su bendición. Con lágrimas en los ojos las abuelas campesinas hacían una torpe cruz y santiguaban a la caravana. Esa bendición del pueblo acompaño a los mineros en todo su largo recorrido.
   Al llegar a la Cuesta de Tres Mil Metros, entre Valles y Jácala, se presentó una dificultad por las características del terreno; ante la imposibilidad de acampar allí, los ejidatarios de La Laguna transportaron en sus camionetas a la caravana.
   Las notas de la prensa eran encontradas. El licenciado Francisco Nogues apoderado legal de la empresa ASARCO decía que la caravana se había desintegrado, y que presentarían una querella acusando a los dirigentes del movimiento de los delitos de sabotaje, suspensión ilícita de labores y disolución social. Por su parte el Partido Comunista anunciaba que se movilizarían en el Distrito Federal, a la Federación de Estudiantes Técnicos, El sindicato de la Fabrica del Ángel, el club de choferes Lázaro Cárdenas, una movilización masiva en apoyo a los mineros. Carrasco también presenta una querella por parte del sindicato legalmente reconocido por el delito de suplantación de funciones, fraude, desfalco y ataque a las garantías individuales.
   Cinco horas más de marcha y la caravana se instaló en Indios Verdes, a las puertas de la Ciudad de México, habían recorrido mil 500 kilómetros para solicitar audiencia del Presidente de la República. Sólo confiamos en el Presidente Alemán, si nos atiende, seguros estamos de encontrar justicia plena en nuestro conflicto, dijeron, lo hemos invitado a que nos escuche desde el balcón central del palacio.
   El sábado 10 de marzo de 1951 a las 11:30 horas, el clarín de órdenes de Pancho Solís tocó a reunión, frente a Indios Verdes. A las 12 horas inició la marcha.
   Miles de personas se habían congregado para acompañar a los mineros en la última etapa de su recorrido hasta el Zócalo. Obreros, intelectuales, artistas, todo el pueblo de la capital estuvo representado. Los apoyaba con panfletos, alimentos porras, ya habían redactado un Diario del Campamento, boletín de información de la caravana minera en total se elaboraron treinta números. Al llegar al Monumento a la Revolución, la caravana hizo un alto y rindió homenaje a los héroes. Al pasar frente al Hotel del Prado los turistas les arrojaron flores, serpentinas y confeti. En la avenida Juárez y Madero los metropolitanos aclamaron a los caravaneros: “¡Vivan los mineros de Rosita!”
   En el Zócalo, una multitud enorme los esperaba. Frente al Palacio Nacional, desde un camión improvisado como tribuna, se realizó un mitin. Habló Lupe Rocha dirigente de la Alianza Femenil. “Nosotras comprendimos –dijo- que no sería llorando como ayudaríamos a nuestros hombres y nos lanzamos a la lucha… No serán los gringos los que vengan a imponernos el yugo; les doy mi palabra: eso no ocurrirá…” Los balcones del Palacio estaban desiertos.
   A eso de las cinco de la tarde terminó el mitin. Los mineros marcharon a ocupar el centro deportivo 18 de Marzo, cercano a la Colonia Lindavista. La Secretaría de Salubridad y Asistencia ofreció alguna ayuda; lo que proporcionaba cubría algo así como la tercera parte de las necesidades fundamentales, el resto lo aportaba el pueblo. Ropa, medicinas, alimentos, les fueron proporcionados, si no en abundancia, sí con un gran sentimiento de fraternidad y solidaridad humana.
   Los mineros solicitaban audiencia del Presidente de la República, para plantearle su problema. El licenciado Miguel Alemán no pudo recibirlos, “tenía muchos otros asuntos importantes que tratar”.
   Alemán designó una comisión gubernamental para que estudiara el caso de los mineros de Rosita; la formaron: Adolfo Ruiz Cortines, Secretario de Gobernación, Francisca González de la Vega, Procurador General de Justicia de la Nación y Eleazar Canales, subsecretario del Trabajo.
           -¿Cuántos días piensa estar en México la caravana? -preguntó Ruiz Cortines a Pancho Solís en la primera entrevista.
           -Hasta que se arregle nuestro asunto, contestó el jefe de la caravana.
   Los mineros presentaron un voluminoso expediente en el que contenían todos los documentos que motivaron su protesta y su pliego petitorio: Reconocimiento del comité ejecutivo independiente y desconocimiento de Juan Carrasco, devolución de la clínica, la cooperativa y el local sindical, pago de salarios caídos y gastos del conflicto, respeto al contrato colectivo de trabajo y mejorar las condiciones laborales. Como respuesta recibieron el dictamen de la comisión gubernamental. “El conflicto de la resolución dictada el 2 de octubre de 1950 por el grupo especial No 4 de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Por el que se tiene por no presentado legalmente, el pliego de peticiones y por no hecho el emplazamiento de huelga en contra de las Compañías Carboníferas de Sabinas, S.A. y Mexican Zinc & Co.”
   La comitiva dispuso que las empresas de Nueva Rosita y Cloete buscasen la manera de reponer mil trabajadores de sus derechos de antigüedad y que las vacantes se cubriesen, de preferencia, con los restantes trabajadores de la caravana. El gobierno ofreció tierras y crédito a los mineros que quisieran dedicarse a la agricultura y empleos en las obras públicas a los trabajadores especializados.
   El jefe de la Policía, el General Othón León Lobato, comunicó a los jefes de la caravana que, a partir de ese momento, les quedaba prohibido a los mineros abandonar el campo 18 de Marzo y el Ejército rodeó el lugar. Los cinco mil trabajadores que habían caminado mil 500 kilómetros para pedir justicia. Perdían en un momento sus derechos civiles y se les privaba de la libertad.
   Los mineros deliberaron. El dictamen fue rechazado. “Eso mismo, dijeron, nos proponía la empresa en Rosita, y luego en Saltillo; es lo que nos ha estado ofreciendo la Secretaría del Trabajo y nosotros hemos rechazado”. “Nos entregan una resolución que lo único que hace es sancionar la injerencia de la Secretaría del Trabajo en el régimen interno de los sindicatos, establecer como válida la violación del derecho de huelga…”
   La huelga se había perdido, no era una derrota de los mineros de Rosita, sino de toda la clase obrera mexicana.
El gobierno dispuso un tren para regresar a los mineros a Rosita. En vagones de ganado los mineros fueron acomodados, todos iban en silencio, meditando su derrota. El día de la partida, miles de gentes se congregaron en la estación para despedir a los caravaneros. La caravana salía de regreso, derrotada pero no vencida, el 20 de abril, a las cinco de la mañana.
   La llegada a Rosita fue un suceso indescriptible. Los hombres volvían a sus hogares con las manos vacías a confrontar los estragos de la miseria, la impotencia y rabia, el terrible impacto moral de la derrota.
   Pudiera parecer que aquel movimiento que iniciaron aquellos mineros que integraron “La Caravana de la Dignidad” fue un movimiento perdido, sin embargo nos dejaron su legado de dignidad, de orgullo de valor y entereza.

20/08/2018.

Margarito Cuéllar

m.cuellar@radiital.com

Susana Robles

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Raúl de Jesús Solano

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Martin Ábrego Parra

martinp@radiital.com